El incremento delictivo que sufre Rosario está relacionado en forma directa con la devastación progresiva de las instituciones provinciales, la legitimación del discurso en contra de las regulaciones estatales y la cohabitación con el crimen organizado. El abordaje mediático de dicha crisis, además, pretende convencer a la sociedad de que el problema está en el último eslabón de una cadena cuyas causas estructurales se omiten o se pretenden ocultar.

El aumento de la producción, el transporte, la distribución y el consumo de drogas ilícitas se relaciona en términos históricos —tanto en la Argentina como en el resto del mundo— con la desindustrialización y la exclusión social progresiva, característicos del neoliberalismo. Ese contexto, que se inicia en los años ‘70 del siglo pasado, posibilita la financiarización, reduce la importancia de la producción y alienta las políticas de desregulación. Además dichas políticas legitiman la flexibilidad laboral y precarizan de forma acumulativa a las grandes porciones de la población.

Sobre esa realidad se monta la industria internacional del narcotráfico. Dos elementos centrales la institucionalizan: por un lado, la permisibilidad de los Estados para agilizar la circulación del capital y, por el otro, la difusión de un ejército de desocupados, segregados y marginalizados, aptos para convertirse en soldaditos, sicarios y/o consumidores de todo tipo de subterfugios químicos, capaces de liberarlos de la ausencia de futuro. El darwinismo social que deriva de esta lógica encumbra al mercado como institución sagrada y privilegiada. Promueve la fragmentación social, el aislamiento virtualizado, la angustia y la desesperación.

En la Argentina no se cultiva ni coca ni amapola, las plantas básicas para la producción de pasta base, el clorhidrato de cocaína, o los opioides no sintéticos. Tampoco es un territorio aventajado en la elaboración de opioides de laboratorio como el fentanilo. Sin embargo, aparece como un espacio donde se han incrementado —de forma incremental— los consumos, en el marco de una realidad urbana caracterizada por la crisis de la cultura del trabajo y la destrucción del tejido social y comunitario.

A fines de los años ‘90, cuando el menemismo completó el ciclo iniciado por la dictadura militar, se extendió de forma exponencial la elaboración de sustancias, sobre todo las vinculadas a la pasta base de la coca, insumo para la producción de clorhidrato de cocaína. De esa manera la Argentina se transformó en una pieza integrada a los carteles ubicados en Colombia, Brasil y Paraguay que lograban acceder a los precursores químicos necesarios para el proceso de transformación. Dichos precursores se encuentran disponibles en la Argentina por contar con un significativo desarrollo farmacológico y un entramado industrial donde los insumos químicos son de fácil acceso. La debilidad de las capacidades regulatorias del Estado, la connivencia de las organizaciones criminales con las fuerzas de seguridad y la complicidad de fracciones relevantes del poder judicial le dieron forma a la toxicidad actual, coronada por el lado del dinero negro, tanto del narco como del de la exportación de granos.

Los grandes carteles del narcotráfico diversifican sus ganancias derivando su capital hacia guaridas fiscales, fondos de inversión, emprendimientos inmobiliarios y observan todas las posibilidad de blanqueo de fondos que se ofrecen en diferentes lugares del mundo. Fieles a la cultura ambigua y enigmática de la mafia, además, suelen comprar voluntades periodísticas y políticas sin que sus beneficiarios sepan a ciencia cierta la precisa proveniencia de los fondos. El narcotráfico es funcional al neoliberalismo porque la desregulación de los Estados es el territorio libre para viabilizar los negocios. Solo en el transporte internacional y en el tráfico mayorista se detecta la presencia de los capos globales del narcotráfico.

Las bandas de Rosario son tentáculos dependientes de una red global habilitada gracias a la ausencia regulatoria del Estado. Las concesiones y privatizaciones portuarias implementadas tres décadas atrás en las orillas de los ríos mesopotámicos —con nombre comercial de hidrovía— han sido acompañadas por la proliferación de aeropuertos clandestinos operativos gracias a la interrupción, durante el macrismo, de los programas vinculados al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial y la radarización. Esa porosidad ha sido reforzada durante los periodos neoliberales en nombre de la pretendida libertad de circulación de bienes. Su desregulación garantizó, por lo tanto, el contrabando, la subfacturación de las exportaciones y —de forma concomitante— el narcotráfico.

 

 

La ayudita macrista

 

 

Los carteles latinoamericanos utilizan los puertos privados del Paraná para emplazar sus cargamentos mayoristas hacia Europa. En 2018, el gobierno de Juntos por el Cambio suspendió el escaneo de containers provenientes de Paraguay con destino a Europa bajo el argumento de agilizar los trámites. La Dirección de Aduanas del actual gobierno repuso los controles y las barcazas provenientes de Paraguay migraron de forma automática hacia el Puerto de Montevideo.

Las desregulaciones impulsadas por los actuales cambiemitas también han sido útiles para la ampliación de los negocios del narco. El senador Oscar Parrilli detalló en un hilo de Twitter los mecanismos financieros utilizado por las bandas criminales para lavar el capital obtenido por la comercialización de estupefacientes. El macrismo aprobó las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) como medio para facilitar el “apoyo al capital emprendedor”.

Según las informaciones provistas por la Inspección General de Justicia (IGJ), la banda conocida como Los Monos creó —solo en 2018— 40 SAS, desde las cuales lograron emitir más de 12.000 facturas truchas. Ese instrumento emprendedorista les permitió evadir 1.200 millones de pesos en impuestos y además blanquear capitales por diez millones de dólares. Luego de la aprobación de las SAS, Parrilli presentó un proyecto de ley para que dichas Sociedades Simplificadas deban ser supervisadas y controladas como el resto de las sociedades. Cambiemos, como era de esperar, nunca dio el quórum para su tratamiento por considerar que dicha regulación limitaba las transacciones y afectaban el normal funcionamiento del mercado. El director de Sociedades de la IGJ, Darío De León, relató que los jefes de Los Monos, una vez encarcelados, continuaron fundando SAS —a razón de una por semana— a través de otros integrantes no detenidos de su red delictiva.

La convergencia de intereses de los narcotraficantes con los evasores y los contrabandistas explican sus análogos procesos económicos de inversiones y la secuencia común de sus respectivas rutas de dinero. En Rosario, los operadores financieros —a través de las mesas de dinero—, las inmobiliarias, el mercado gastronómico y las agencias de turismo son algunos de los rubros donde se canalizan los dineros del narcotráfico. Para invertir en esos segmentos se instituyen SAS, fideicomisos o mutuales como la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral (Amel) que fue desbaratada por blanquear los capitales de Pablo Nicolás Camino detenido en la cárcel de Coronda. El objeto fundacional de Amel es el de brindar “ayuda económica y brindar oportunidades de crecimiento personal y laboral a sus asociados”.

El ex director de la terminal portuaria de Rosario, Gustavo Pedro Shanahan, fue procesado por integrar una banda de narcotraficantes comandada por Julio Rodríguez Granthon. El empresario del juego Leonardo Peiti también ha sido encausado como parte de una red encargada de blanquear dineros provenientes de la venta de estupefacientes. Otro de los encargados de lavado es Yalil Roberto Azum, quien regenteaba una empresa constructora habilitada para la reparación de servicios públicos. Azum está acusado, además, de montar una mesa de dinero en el Club Echesortu, donde se cambiaban cheques a narcos.

Otra de las ventanillas disponibles para los contrabandistas y los vendedores de droga, Cofyrco, fue allanada en 2020 a metros de la Bolsa de Comercio de Rosario donde se realizaban operaciones de “intermediación financiera no autorizada, contrabando de divisas —los llamaban cables— y descuentos de cheques”. El asesinato del operador turístico Hugo Oldani en 2020 es otro de los ejemplos que se ofrece para explicar la interdependencia entre el emprendedorismo delictual y el discurso neoliberal. La utilización de las llamadas criptomonedas es otro de los mecanismos utilizado por los empresarios que posibilitan el fortalecimiento y la reconversión de sus jefes en puros y limpios empresarios.

La crisis del 2001 habilitó el clima para la instalación en Rosario de los laboratorios de pasta base a partir de lo cual se abarataron los estupefacientes y se expandió la actividad del narcomenudeo. A partir de esos años se comenzaron a propagar los búnkers de ventas. Ese proceso fue paralelo a la proliferación de las cuevas financieras, el enriquecimiento de los exportadores de materias primas y la pauperización de los sectores populares. Estos últimos, sin expectativas de trabajo e inmersos en una ciudad progresivamente desindustrializada, se convirtieron en la mano de obra disponible para las organizaciones delictivas y también en potenciales consumidores. La contribución final del combo criminal la añadieron las fuerzas de seguridad, la Justicia provincial y el arcaico sistema político provincial, que terminaron siendo funcionales —por complicidad, desidia e inoperancia— a una guerra larvada donde son acribillados prioritariamente los más humildes.

Mientras, los grandes narcos globales fungen de empresarios en los elegantes ágapes mediáticos. Y los defensores de la libertad de empresa les siguen cambiando cheques al 30 por ciento avalados por las SAS que el emprendedorismo habilita para combatir las regulaciones, las retenciones al campo y el derecho inalienable para contrabandear y evadir sin ser nunca juzgados calumniados.

 

Puertos privados y rutas fluviales controladas por los defensores de la desregulación estatal.